- En julio se aprobó la Ley de Palma en Ecuador que está enfocada en la producción, comercialización y extracción de aceite. Expertos consideran que no toma en cuenta los impactos socioambientales del cultivo.
- Organizaciones sociales dicen que la ley incluye mecanismos de vigilancia y fiscalización, pero que, como en muchas otras leyes, quedarán en letra muerta.
*Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
A principios de junio de 2020, 133 asambleístas ecuatorianos aprobaron, por unanimidad, la Ley de Palma —llamada Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados—. Esta es la primera ley que busca regular las actividades económicas alrededor de la palma africana o palma de aceite en Ecuador.
Entre sus artículos se establecen mecanismos para comercializar el aceite, que podrían incluir instrumentos de estabilización de precios; la creación de una mesa técnica para “potencializar el sector”, y una serie de sanciones para los incumplimientos. Estas sanciones pueden ir desde una multa hasta la cancelación del certificado de inscripción en el registro de información de agroproductores de palma de aceite. Se incluye también la posibilidad de que el Estado le cobre dinero a las empresas si es que, producto de demandas contra la industria palmera, este tuviera que pagar indemnizaciones.
Entre los incumplimientos que contempla la ley están: ubicar sembríos de palma dentro de zonas de protección hídrica, emplear plaguicidas prohibidos, no reportar riesgos fitosanitarios, iniciar plantaciones en áreas protegidas y evadir la consulta previa con las comunidades. “Esta ley no piensa en un cambio de modelo fuera de la producción como ya la conocemos, depredando todo lo que tenemos. Es más de lo mismo”, dice Malki Sáenz, coordinador de la Unidad de Información Socio Ambiental de la Universidad Andina. Según dice, en su planteamiento, la ley parece desconocer el contexto ambiental y social del cultivo de la palma, entre las que se cuentan las afectaciones a las comunidades aledañas, la contaminación de agua, la deforestación y la destrucción de suelos productivos.
En la provincia de Esmeraldas, la de más alta pérdida de bosque en Ecuador, están las plantaciones de palma más extensas del país. Según datos de 2019 del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), Ecuador tiene 200 908 hectáreas sembradas de palma, de las cuales 80 363 están en Esmeraldas, provincia que produce el 41 % del fruto de palma. Le siguen las provincias de Los Ríos (18,5 %) y Santo Domingo (9,9 %).
En 2019, Ecuador exportó 187 494 toneladas métricas de aceite de palma y hoy, según las cifras más recientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que proyecta la Producción Mundial Aceite de Palma 2020/2021, es el tercer productor latinoamericano, solo por detrás de Colombia y Guatemala.
Las consecuencias sociales y ambientales
A pesar de ser un gran productor, las cifras de INEC muestran que entre 2018 y 2019 hubo una reducción del 10,3 % del área destinada al cultivo de palma en Ecuador. Aun así, los efectos ambientales a largo plazo no son menores. Según Global Forest Watch, entre 2001 y 2019 la provincia de Esmeraldas perdió 116 000 hectáreas de cobertura boscosa, lo que equivale a una reducción de bosque del 7,9 % respecto al año 2000.
Ese es uno de los argumentos de una carta abierta, con fecha del 25 de junio y dirigida al Presidente de la República, Lenín Moreno, donde se señala a la palma como “la causante de la deforestación de extensas zonas de bosques tropicales y de la pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos y ríos, acaparamiento de tierras y de agua para riego”. El documento, firmado por varias organizaciones sociales y ambientales —como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, entre otras— solicitaba el veto del proyecto aprobado por la Asamblea Nacional a principios de junio de 2020. Esta potestad, que según la normativa ecuatoriana tiene el poder ejecutivo, le habría permitido a Moreno invalidar la Ley. Pero eso no ocurrió.
El Presidente sí envió algunas observaciones pero “el veto iba más enmarcado a mejorar la redacción y a ponerlo a tono con otras leyes, no hubo cosas de fondo, cosas graves”, dice el asambleísta Lenin Plaza, presidente de la Comisión de Biodiversidad, que tuvo a cargo el tratamiento de la Ley.
En la carta abierta se señalaban más preocupaciones sobre los efectos del cultivo de palma. Los firmantes consideraban que había algunos artículos inconstitucionales, como aquel que permite el al agua de riego para cultivo de palma mediante trámites simplificados —lo que no está regulado en una norma superior como lo es la Ley Orgánica de Recursos Hídricos—. Según decían, este artículo implicaba un “riesgo de que se acapare el agua por parte de esta agroindustria”.
Nathalia Bonilla, de la organización ambientalista Acción Ecológica, explica que las comunidades aledañas a las empresas palmicultoras “son extremadamente vulnerables” y que ya existe un serio problema para que tengan a agua. “A diferencia del resto de los ecuatorianos que pagamos por el servicio de agua, pero no por el agua, ellos sí tienen que comprarle a tanqueros porque las empresas palmicultoras han contaminado sus fuentes de agua”, explica.
En la carta pública también se manifestaba preocupación pues, según indicaban las organizaciones firmantes, la Ley de palma facilita la afectación a tierras ancestrales cubiertas de bosques, da cabida a que se pueda plantar sin permiso en áreas protegidas y disminuye al máximo los controles de la autoridad estatal. Por ejemplo, si un cultivo de palma no permite que las autoridades lo inspeccionen, la ley establece que es una falta leve, en lugar de grave.
Más sectores en contra de la Ley
Las organizaciones que firmaron la carta no son las únicas que plantearon sus preocupaciones al Presidente Moreno. A través de un comunicado, la organización ambiental WWF también pidió al Presidente Moreno que vetara la ley por considerar que incumplía con el compromiso establecido en abril de 2017 entre el Estado ecuatoriano —cuyo presidente era entonces Rafael Correa—, WWF-Ecuador y RSPO (Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, por sus siglas en inglés).
El acuerdo asumido por los ministerios de Agricultura y de Ambiente pretendía “continuar su arduo trabajo por el cultivo sostenible y responsable de palma en el Ecuador”. También se establecía que la meta era alcanzar un “suministro libre de deforestación para 2025 en la región amazónica” y 2030 para el resto del país. Mongabay Latam pidió a ambos ministerios una declaración sobre este y otros temas, pero ninguno respondió el pedido.
Lo que las organizaciones demandaban cayó en oídos sordos. Malki Saénz cree que el enfoque de la ley está en dos puntos principales: la flexibilización laboral y la flexibilización de impuestos para que las empresas se vuelvan “entre comillas competitivas pues así no asumen ciertos costos y esto les permite invertir en otros aspectos”, dice.
Los opositores se quejan de que esos beneficios no se reflejan en una mejor calidad de vida de las comunidades. Por ejemplo, Guadualito, una comunidad en Esmeraldas, es un territorio rodeado de plantaciones de palma africana que entre 1999 y 2000 pasó de convivir con 90 hectáreas de este cultivo a estar enclavada entre 3795 hectáreas.
Sáenz cree que, justamente, ese es el riesgo: el dinero que se ahorren los palmicultores al reducir sus impuestos no necesariamente iría hacia una producción ambiental y socialmente sostenible sino a la compra de más tierras. Por su parte, Lenin Plaza, el asambleísta que presidió la comisión que trató el proyecto, asegura que “lo que estamos buscando no es una prohibición tajante de aumentar el espacio de cultivo, sino que en el hectareaje ya sembrado se mejore la productividad y en lo posible se evite sembrar más hectáreas de palma”.
Si lo que dice Plaza no ocurre, se incidirá nuevamente, cree Malki Saénz, en uno de los mayores problemas del cultivo palmero: la deforestación.
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El abismo entre la ley y la realidad
“Para la gente que decía que el medioambiente se ve afectado, esta ley habla de un monitoreo permanente del tema de agua, de no ampliar el hectareaje de palma aceitera y, por el contrario, mejorar la productividad. Habla de que quienes incumplan en el tema ambiental se les puede quitar el permiso para sembrar palma”, comenta el asambleísta Plaza.
Pero a los detractores de la ley esto no los deja tranquilos. Insisten en que eso queda en papel pues si bien la ley menciona controles y sanciones, los mecanismos para hacerlo no están claros. “El papel todo lo aguanta […] podemos meter todo lo que queramos pero, en la realidad, los temas de derechos de la naturaleza, del medioambiente, constitucional, son meras declaratorias”, dice Malki Sáenz.
Por ejemplo, un artículo de la ley aprobada menciona el plan de monitoreo que se debe establecer para controlar la contaminación del agua que sale de las plantaciones y las plantas extractoras, pero no se sabe cómo se cumplirá con ese mandato. Nathalia Bonilla explica que el proceso de extracción de aceite es tan agresivo que se necesitan piscinas de oxidación, similares a las que tiene la industria petrolera, a donde van a parar las aguas contaminadas. El problema es que esa agua ya no se limpia. “La gente que vive alrededor de las plantaciones cuenta que el agua sale contaminadísima de las extractoras, que los peces están enfermos, muertos, que la gente nunca más pueda volver a utilizar esa agua. Eso pasa en La Chiquita y Guadalito, por ejemplo”, dice, refiriéndose a dos comunidades en la provincia fronteriza de Esmeraldas.
Los controles y sanciones se establecen a través de un reglamento que debe ser redactado por la entidad competente, en este caso el Ministerio de Agricultura. Pero en Ecuador se ha comprobado históricamente que esto puede tardar. De hecho, el asambleísta Plaza espera que el reglamento de la Ley de palma esté listo máximo en julio del 2021.
Esa enorme demora era también una preocupación planteada en la carta abierta. Allí pedían que se fije un plazo prudente y “perentorio” para el reglamento, donde también se mencionen, en detalle, “los impactos ambientales de esta actividad, así como sus medidas de reparación y restauración”.
Malki Sáenz cree que no solo se trata del tiempo en que las instituciones tardan en elaborar los reglamentos sino en su real eficacia. “Nadie los hace operativos porque a nadie le interesan los reglamentos y el gobierno no hace ningún seguimiento al respecto. Queda en letra muerta. Para mí, cualquier cosa en la ley que no tenga un monitoreo y una forma de control real es letra muerta”, resalta. La misma observación hacen las agrupaciones que trabajan en favor de la conservación y los derechos humanos, que fueron firmantes de la carta abierta.
Para muchos de los consultados en este reportaje, es evidente que, desde su nombre, la ley está concentrada en generar condiciones que permitan un beneficio económico para los productores de palma. El capítulo quinto de la ley está destinado a establecer los mecanismos de financiamiento como tasas de interés preferenciales o beneficios como un seguro agrícola. “Siempre estamos abocados a que el Ecuador necesita mantener la dolarización y para eso tienen que entrar dólares. Para eso recurrimos a las formas más simples y más cortoplacistas de conseguir dinero”, concluye Saénz.
*Imagen principal: Cosecha de palma en la vía a Puerto Providencia (Sucumbíos). Foto: Daniela Aguilar
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